Reflections on war, energy, human nature, and the civilisations that keep forgetting what they already knew

"El país que no sabe su propio tamaño"
By Jose Parejo, Founding Partner, Jose Parejo & Associates

España tiene, en proporción a su empleo total, menos funcionarios que la media de la OCDE y de la Unión Europea: un 15-16,5% del empleo, frente al 18,4% de la OCDE, y un 6,5% en la medición estricta de Eurostat frente al 7,1% europeo. Es un dato oficial, verificable, y sin embargo casi ningún español lo reconoce como cierto cuando lo escucha. La sensación cotidiana (colas en la administración, ventanillas cerradas por las tardes, la percepción de una burocracia densa y lenta) no es una alucinación colectiva. Es la prueba de que la pregunta "¿cuántos funcionarios tiene España?" nunca fue la pregunta correcta.

Este es el punto de partida de nuestro análisis, y también su primera lección: cuando un dato agregado no coincide con la experiencia de millones de personas, casi nunca el error está en la experiencia. Está en qué se decidió medir.

Lo que sí sobra

La resolución de la aparente contradicción aparece cuando se separa el empleo público técnico (profesores, sanitarios, funcionarios de carrera) de la estructura política electa.

España tiene, por cada millón de habitantes, cerca de 1.500 cargos electos, frente a los aproximadamente 165 de Alemania ajustados a los datos disponibles, o los 480 de Reino Unido; solo Francia, con su tradición de municipio pequeño, la supera entre las grandes economías de la UE. Diecisiete parlamentos regionales con capacidad presupuestaria plena, dos cámaras nacionales, una capa provincial de diputaciones y cabildos que en la mayoría de países comparables ya no existe, y un nivel local fragmentado en más de ocho mil municipios: esa es la anatomía real del Estado español.

El ciudadano que dice, con más intuición que estadística, que en España "sobra política" no se equivoca en el diagnóstico. Se equivoca solo en el sustantivo: no sobran funcionarios; sobran cargos. Capas políticas repetidas, protegiendo el propio cargo y su gestión, cada capa primando el protocolo controlado, sobre la atención y el bienestar del ciudadano, creando, en definitiva, monstruos técnica y teóricamente accesibles, pero realísticamente abominables. Esa distinción cambia radicalmente qué reforma sería seria y cuál sería, con envoltorio técnico, una purga.

El mecanismo que fabrica esos cargos

Esta sobreoferta de cargos electos no es un accidente cultural: es el resultado predecible de un diseño institucional concreto. La Ley d'Hondt aplicada sobre circunscripciones pequeñas ( provincias de 300.000 o 400.000 habitantes, en lugar de una circunscripción única nacional) favorece sistemáticamente a los partidos con implantación territorial concentrada sobre los de implantación dispersa, y multiplica el número de escaños necesarios para representar el mismo electorado.

El régimen de financiación autonómica añade el segundo incentivo; cada comunidad negocia individualmente su cupo o su participación en los tributos cedidos, lo que convierte la existencia misma del parlamento regional en la palanca de negociación frente al Estado central. Ninguna comunidad autónoma tiene incentivo unilateral para reducir su propia capacidad de negociación fiscal, y ningún partido con representación en un parlamento regional tiene incentivo para votar su desaparición. El sistema no premia la eficiencia administrativa; premia la capacidad de generar nodos de negociación territorial. Cuantos más nodos, más votos captura cada estructura de partido a nivel local.

El PIB que el PIB no ve

La segunda distorsión es macroeconómica. España cerró 2024 con un gasto público del 45,4% del PIB, muy por debajo del 57,1% francés o del 50,6% italiano: en apariencia, un Estado contenido.

Pero esa lectura ignora que una parte relevante de ese PIB no es transacción de mercado. Los alquileres imputados (una ficción contable de que el propietario se auto-alquila la vivienda en la que vive) representan en torno al 8% del PIB español; en un país donde el 75% de los hogares es propietario, ese volumen no genera ingresos fiscales ni reacciona al ciclo económico. Es PIB sin dinamismo, aunque conviene decirlo con matiz: parte de la profesión económica defiende que la imputación es metodológicamente correcta, porque refleja consumo real de vivienda aunque no exista transacción monetaria. La objeción no invalida la imputación como técnica contable; sí invalida usarla, sin distinguirla, como prueba de dinamismo económico real, cuando se compara la fortaleza fiscal de España con la de países de menor tasa de propiedad

A eso se suma la economía sumergida, estimada entre el 16% y el 22% del PIB según Funcas, la Universidad de Murcia y el indicador EVADE de Pappadà y Rogoff (CEPR), muy por encima del 10% alemán o el 12% francés, y más cerca del patrón del sur de Europa. Si se corrige el denominador por estas dos distorsiones, el peso real del Estado sobre la economía que efectivamente tributa y factura es mecánicamente mayor de lo que dicen las tablas oficiales ... y la deuda pública, calculada sobre esa misma base inflada, pesa también más de lo que aparenta.

Cuando sí se ha hecho: Grecia e Italia

Esto no es fatalismo institucional per se; bajo presión fiscal extrema, sí ha ocurrido. Grecia, forzada por la troika en 2010, ejecutó el Plan Kallikratis, fusionando 1.034 municipios en 325, sustituyó 57 prefecturas por 13 regiones y redujo a la mitad el número de representantes electos locales, de unos 50.000 cargos a 25.000. Italia, con la Ley Delrio de 2014, despolitizó sus provincias, eliminando la elección directa de sus presidentes y consejos, y redujo de 2.700 a entre 10 y 16 el número de consejeros provinciales por provincia. Ambos casos comparten un rasgo que España no tiene: una crisis de financiación soberana que dejó a los gobiernos sin margen para negociar con sus propias estructuras territoriales. Y ambos casos, es importante decirlo, muestran resultados desiguales: los estudios sobre Kallikratis encuentran evidencia débil de que la fusión de municipios redujera realmente el gasto corriente, y en Italia el proyecto de recentralización sigue disputado una década después, con varios partidos pidiendo restaurar la elección directa de las provincias. La lección no es que la reforma territorial funcione siempre que se intente. Es que, hasta ahora, solo se ha intentado en serio cuando el país ya no tenía otra opción, sin convicción propia; por imposición externa.

La señal a vigilar

La señal temprana que un consejo de administración debería vigilar, no es el debate político español sobre descentralización, sino tres indicadores externos como son la trayectoria de la prima de riesgo española frente al bono alemán en un escenario de endurecimiento monetario prolongado; el grado de condicionalidad que Bruselas empiece a exigir sobre el uso de fondos europeos ante desviaciones de déficit autonómico; y la evolución del coste de refinanciación de la deuda de las comunidades autónomas más endeudadas. Si alguno de esos tres indicadores se deteriora de forma sostenida, España deja de decidir su propia arquitectura territorial y empieza a heredarla de fuera.

Por qué nadie lo corrige: el elefante antes que el jinete

La pregunta obligada es por qué, siendo esta disonancia medible y generadora de descontento electoral cíclico, ninguna reforma seria del mapa autonómico, o del sistema tributario ha sido posible en veinte años. La respuesta técnica es que quienes tendrían que reformar son, en buena parte, quienes dependen del sistema actual. La respuesta profunda es más incómoda.

El modelo liberal occidental se construyó sobre un presupuesto antropológico que la ciencia política ha ido desmontando; el de que los ciudadanos votan en función de sus intereses materiales agregados. Jonathan Haidt lo formuló con precisión: "la razón moral es un jinete sobre un elefante emocional, y el elefante decide antes"; la razón solo elabora la coartada después. Así, no importa lo que la tribu se equivoque o lo maltrecha que deje su gestión; esos errores de gestión quedan subordinados a la lealtad de tribu. Y no piensen solo en el gobierno actual.

La lealtad a los nuestros es uno de los cimientos morales más antiguos, muy anterior a la equidad. Somos, primero, tribales. Francis Fukuyama revisó veinticinco años de tesis propia para reconocer que el eje de la política contemporánea dejó de ser la distribución de recursos y pasó a ser el reconocimiento; es decir, la pertenencia, la dignidad tribal. Peter Turchin ha modelado con datos históricos cómo el estancamiento del ciudadano medio produce fracturas, donde las facciones dejan de discutir política pública y empiezan a disputar cuota de poder.

Un votante mantiene su voto no porque haya comprobado que su gobierno autonómico gasta bien (a menudo sabe que no), sino porque cambiarlo significaría, en términos identitarios, cambiar de tribu. Los intereses materiales agregados nunca fueron el motor principal del voto; fueron una racionalización que hicieron después los economistas y los constitucionalistas.

Lo que esto significa para quien tiene que decidir sobre España

Esta es la lectura que aplicamos cuando trabajamos con consejos de administración expuestos a España: fondos que evalúan invertir, multinacionales que deciden si mantener su sede regional en Madrid, aseguradoras que modelizan riesgo político soberano a una década. La conversación no puede sostenerse sobre las cifras oficiales de gasto público o empleo estatal, porque esas cifras describen un país distinto al que efectivamente opera. Ninguna estadística internacional responde directamente a cuánto PIB real es transaccional, cuántos niveles de veto político debe atravesar una inversión, o qué probabilidad hay de que las fracturas identitarias alteren el marco regulatorio en cinco a diez años.

La reforma pendiente en España no es fiscal, ni administrativa, ni siquiera constitucional en sentido convencional. Es cognitiva: aceptar que los datos oficiales describen un país distinto al que se vive, que los ciudadanos no votan sobre datos sino sobre pertenencia, y que ninguna élite tiene incentivos individuales para nombrar esa disonancia. Nombrar el Estado real, el de los cargos electos multiplicados y la economía en la sombra, sería reconocer que la arquitectura de 1978 fue diseñada para un país más racional del que somos.

No lo somos. Y esa es la única frase de este análisis que no se demuestra con una tabla, pero es también la que ningún consejo de administración serio debería permitirse ignorar al evaluar España en 2026.

José Parejo es CEO y fundador de Jose Parejo & Associates (JPA), firma internacional de geoestrategia, análisis de riesgo soberano y consultoría estratégica que trabaja con un número limitado de consejos de administración por sector y región.

— Jose Parejo

Founding Partner, Jose Parejo & Associates (JPA)

Sunday CEO Strategic Insights | Aug 20, 2026

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